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El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores al establecer las fuentes del Derecho Laboral menciona como una de ellas el convenio colectivo, justo por debajo de las leyes y los reglamentos que las desarrollan.
La naturaleza jurídica de este tipo de fuente normativa ha sido objeto de ríos de tinta por parte de la doctrina laboralista, pero sin perdernos en debates de envergadura, podemos afirmar con rotundidad que como fuente del Derecho laboral, el convenio colectivo es “ley” para las partes que entran dentro de su ámbito de aplicación.

Por tanto, como “ley”, y en virtud de la jerarquía normativa (pirámide de Kelsen) y como establece el propio artículo 3 del Estatuto de los trabajadores, ningún acuerdo de empresa, o individual de cada trabajador con el empresario, puede contravenir lo preceptuado en un convenio colectivo, ni empeorar la situación laboral de los trabajadores amparados por su ámbito de aplicación, ni reducir los derechos reconocidos en el mismo sean de la índole que sean (salariales, permisos retribuidos o sin retribuir, vacaciones, conciliación familiar, excedencias etc.).

A nuestro Despacho acuden trabajadores convencidos de la idea contraria, a los que se les ha hecho ver de manera errónea que las normas de su empresa se encuentran por encima del convenio colectivo de su ámbito de aplicación, y que por ese motivo no pueden ampararse en lo establecido en el mismo para reclamar determinados derechos laborales.

Nada más lejos de nuestra realidad jurídica, y como no podía ser de otra manera, pues eso atentaría contra la seguridad jurídica, cualquier renuncia firmada de manera colectiva (todos los trabajadores de la empresa) o de manera individual (acuerdo empresario-trabajador) sería nula de pleno derecho y no podría ser usada por los empresarios para contravenir la protección otorgada a los trabajadores por nuestro marco normativo (ley, convenio colectivo).

Pongamos como ejemplo una renuncia al disfrute de vacaciones firmada por todos o algunos trabajadores de una empresa. Ese documento no puede impedir de ninguna manera que el trabajador que lo haya firmado acuda a la vía judicial para reclamar las vacaciones reconocidas en el ET o las de su convenio de aplicación, y el empresario no podrá aportar como fundamento de su negativa a dicho disfruto el documento de renuncia, y si lo hace no tendrá virtualidad alguna en dicho procedimiento.